Monday, 23 July 2012

Manifiesto Popular


Nosotros, el pueblo español, ante la ineficacia en el desempeño de sus deberes de los representantes en los que hemos depositado el ejercicio de los poderes, ante los abusos, usurpaciones y desmanes dirigidos a la destrucción de nuestro Estado, como elemento del que emana la soberanía nacional exigimos la devolución de todos los poderes con el objetivo de establecer un nuevo sistema que garantice el cumplimiento de nuestros derechos y la salvaguarda de nuestros intereses.

Dos circunstancias declaran al Gobierno de la Nación actualmente constituido como ajeno a la mayoría del pueblo español y como perjudicial para el país, y autorizan a los Gobernados a declararlo desposeído de sus facultades ejecutivas:
La primera circunstancia es su origen. La Ley Electoral actualmente en vigor auspicia un mal reparto de la representatividad otorgada por el pueblo a través del voto, por lo que resulta que un candidato obtenga más valor representativo del que realmente posee. Así, basándose en una ley de representatividad electoral injusta se constituyó el presente Gobierno, erigiéndose como una formación no representativa de la voluntad popular general;
La segunda circunstancia es la actividad ejecutiva y legislativa del presente Gobierno dirigida a la ruina, a la quiebra y al fin de nuestra sociedad a través de diversas medidas conducentes a la destrucción de la economía nacional y a la supresión de derechos universales fundamentales como la educación, el hogar, la salud y el trabajo:

El desmantelamiento de la Educación y la Sanidad públicas a través de las reducciones presupuestarias y los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales del personal dificultando su labor y la asistencia que de él recibe toda la sociedad española, así como el recorte de los medios disponibles para dicha asistencia;
La entrega escalonada y progresiva de infraestructuras públicas al sector privado en un movimiento de destrucción de los servicios públicos en favor de intereses particulares para el enriquecimiento de amigos y allegados de aquellos que dicen estar al servicio de toda la sociedad;
La entrega de caudales públicos a entidades financieras privadas, robando así el dinero recaudado a través de los impuestos de todos los españoles para entregarlo a banqueros incompetentes que eluden sus responsabilidades;
La aceleración de la destrucción de empleo implementando unas políticas que tienen más de capricho escolástico que de herramientas de generación de empleo como la facilitación del despido y la degradación de las condiciones de trabajo en favor de los beneficios de las grandes empresas;
La explotación de la sociedad mediante el retraso de la edad de jubilación, las subidas incontroladas de los impuestos y las reducciones en los ingresos de la población, cuando no la supresión de los mismos, que dificultan las condiciones de vida y en gran parte de los casos provocan la pérdida del hogar familiar;
El abuso de poder ejercido a través de la promulgación de leyes a base de decretos, las fuerzas policiales y la opacidad de los movimientos del Gobierno, favoreciendo la confusión entre los ciudadanos mediante la distracción mediática y la ocultación de información;

Asimismo, el Estado se encuentra necesitado de una revisión y remodelación para poner fin a los desmanes y la corrupción del Poder Judicial en la que sus altos cargos han caído, y la proliferación de cargos y estructuras políticas innecesarias que sangran a la ciudadanía con sus exigencias y presupuestos sin aportar nada a cambio.

Es por esto urgente un cambio auténtico de las estructuras del país, requeriéndose la divulgación de esta intención de reforma a toda la población para alcanzar un consenso en la materia a través de la convocatoria de un referéndum que habrá de realizarse en todas las capitales de provincia, comunidades y ciudades autónomas. Una vez informados sus habitantes, comités de voluntarios habrán de organizar la votación en sus ciudades para decidir acerca de:

  • El pago con dinero y derechos públicos de la deuda de instituciones privadas;
  • La continuidad del Gobierno en sus funciones;
  • La convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para la formación de un Gobierno provisional que lleve a cabo las medidas de urgencia necesarias para atajar la situación;
  • La elaboración de un nuevo texto constitucional acorde con los tiempos que recoja las necesidades actuales y reconozca los derechos y deberes de los ciudadanos así como las competencias de los poderes y sus limitaciones.

 Una vez realizada la votación y conocida la voluntad popular se tomarán las medidas necesarias para llevarlas a término. Colabora si estás de acuerdo. Actúa.

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