Nosotros,
el pueblo español, ante la ineficacia en el desempeño
de sus deberes de los representantes en los que hemos depositado el
ejercicio de los poderes, ante los abusos, usurpaciones y desmanes
dirigidos a la destrucción de nuestro Estado, como elemento
del que emana la soberanía nacional exigimos la devolución
de todos los poderes con el objetivo de establecer un nuevo sistema
que garantice el cumplimiento de nuestros derechos y la salvaguarda
de nuestros intereses.
Dos
circunstancias declaran al Gobierno de la Nación actualmente
constituido como ajeno a la mayoría del pueblo español
y como perjudicial para el país, y autorizan a los Gobernados
a declararlo desposeído de sus facultades ejecutivas:
La
primera circunstancia es su origen. La Ley Electoral actualmente en
vigor auspicia un mal reparto de la representatividad otorgada por el
pueblo a través del voto, por lo que resulta que un candidato
obtenga más valor representativo del que realmente posee. Así,
basándose en una ley de representatividad electoral injusta se
constituyó el presente Gobierno, erigiéndose como una
formación no representativa de la voluntad popular general;
La
segunda circunstancia es la actividad ejecutiva y legislativa del
presente Gobierno dirigida a la ruina, a la quiebra y al fin de
nuestra sociedad a través de diversas medidas conducentes a la
destrucción de la economía nacional y a la supresión
de derechos universales fundamentales como la educación, el
hogar, la salud y el trabajo:
El desmantelamiento de la Educación y la Sanidad públicas
a través de las reducciones presupuestarias y los despidos, el
empeoramiento de las condiciones laborales del personal dificultando
su labor y la asistencia que de él recibe toda la sociedad
española, así como el recorte de los medios disponibles
para dicha asistencia;
La entrega escalonada y progresiva de infraestructuras públicas
al sector privado en un movimiento de destrucción de los
servicios públicos en favor de intereses particulares para el
enriquecimiento de amigos y allegados de aquellos que dicen estar al
servicio de toda la sociedad;
La entrega de caudales públicos a entidades financieras
privadas, robando así el dinero recaudado a través de
los impuestos de todos los españoles para entregarlo a
banqueros incompetentes que eluden sus responsabilidades;
La aceleración de la destrucción de empleo
implementando unas políticas que tienen más de capricho
escolástico que de herramientas de generación de empleo
como la facilitación del despido y la degradación de
las condiciones de trabajo en favor de los beneficios de las grandes
empresas;
La explotación de la sociedad mediante el retraso de la edad
de jubilación, las subidas incontroladas de los impuestos y
las reducciones en los ingresos de la población, cuando no la
supresión de los mismos, que dificultan las condiciones de
vida y en gran parte de los casos provocan la pérdida del
hogar familiar;
El abuso de poder ejercido a través de la promulgación
de leyes a base de decretos, las fuerzas policiales y la opacidad de
los movimientos del Gobierno, favoreciendo la confusión entre
los ciudadanos mediante la distracción mediática y la
ocultación de información;
Asimismo,
el Estado se encuentra necesitado de una revisión y
remodelación para poner fin a los desmanes y la corrupción
del Poder Judicial en la que sus altos cargos han caído, y la
proliferación de cargos y estructuras políticas
innecesarias que sangran a la ciudadanía con sus exigencias y
presupuestos sin aportar nada a cambio.
Es por
esto urgente un cambio auténtico de las estructuras del país,
requeriéndose la divulgación de esta intención
de reforma a toda la población para alcanzar un consenso en la
materia a través de la convocatoria de un referéndum
que habrá de realizarse en todas las capitales de provincia,
comunidades y ciudades autónomas. Una vez informados sus
habitantes, comités de voluntarios habrán de organizar
la votación en sus ciudades para decidir acerca de:
El
pago con dinero y derechos públicos de la deuda de
instituciones privadas;
La
continuidad del Gobierno en sus funciones;
La
convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para la formación
de un Gobierno provisional que lleve a cabo las medidas de urgencia
necesarias para atajar la situación;
La
elaboración de un nuevo texto constitucional acorde con los
tiempos que recoja las necesidades actuales y reconozca los derechos
y deberes de los ciudadanos así como las competencias de los
poderes y sus limitaciones.
Una vez realizada la votación y conocida la voluntad popular se tomarán las medidas necesarias para llevarlas a término. Colabora si estás de acuerdo. Actúa.
